Política

PATEANDO EL TABLERO

La vuelta a fase uno en Jujuy o las consecuencias de la cuarentena sin GPS

¿Por qué no testean al personal de seguridad expuesto a recorridos en zonas que volvieron a fase uno como La Quiaca, Calilegua o Fraile Pintado? La falta de test masivos a la Policía como al personal de salud que lo viene denunciado con ruidazos pone al desnudo que dejan a la población en una cuarentena a la deriva. Hay que afectar los intereses de los dueños del país para dotar de recursos a los hospitales y a quienes se quedaron sin ingresos.

Gastón Remy

Economista, docente en la Facultad Cs. Económicas UNJu.

Miércoles 17 de junio | 17:12

Editorial en Pateando El Tablero, la izquierda en radio, 101.7 Jujuy FM.

Con los dos casos positivos de coronavirus confirmados en el día de ayer el Gran Jujuy, Palpalá y Perico, volvieron a la fase uno de la cuarentena, la cual dispone estrictas medidas de confinamiento y parálisis, a excepción de la venta de alimentos, farmacias, transporte, entre algunas otras actividades consideradas esenciales.

Por el momento, los test practicados sobre un primer grupo de relaciones que estuvieron con las personas contagiadas dieron siete positivos según informó el C.O.E, mientras aún se desconoce el origen del contacto con el virus. Según declaraciones del Gobernador a medios locales, habrían llegado 140 personas al hospital de campaña por haber tenido contacto con las personas que dieron positivo ayer, lo cual, hace esperar seguramente nuevos contagios.

La preocupación en la población es enorme. Se trata de localidades que concentran holgadamente más de la mitad de los habitantes de la provincia. No solo, el temor es por cuestiones sanitarias; si no el hambre se hace sentir en aquellas familias que volvían lentamente a las calles a ganarse el día a día con la venta ambulante o las changas.

Recordemos que solo en abril el primer Ingreso Familiar de Emergencia lo cobraron más de 67 mil personas, el 60% del total de personas desocupadas y que trabajan en negro como asalariados del sector privado o cuentapropistas. Además de ellas y ellos, hay 79 mil personas, entre jóvenes y adultos en edad de trabajar, que sobreviven de la ayuda social y de changas cada vez que pueden encontrar la suerte de hacerlas. Los datos son del ministerio de Trabajo de la Nación y corresponden al 2017, recordemos el último año de crecimiento económico.

Mientras tanto, los empresarios de la provincia siguen a la cabeza de los despidos de trabajadores registrados, otro tanto, aunque casi no salga a la luz, sucede con los no registrados. Solo en marzo tras la pérdida de 1.403 puestos de trabajo respecto de febrero, el empleo asalariado registrado retrocedió a valores de marzo de 2015. La situación social es más que compleja.

Dos preguntas que pueden estar recorriendo las conversaciones en los hogares y lugares de trabajo, ¿se podría haber evitado este retroceso en la cuarentena? Si bien es un virus sobre el cual aún no solo no hay vacunas, si no las posibilidades de evitar los contagios son más que reducidas, lo que de algún modo salta a la luz, que al tratarse de un efectivo policial que acompaño al Gobernador a localidades del norte o del ramal que tuvieron casos positivos recientemente, se deberían realizar testeos permanentes por obvios motivos. Esto no se hace, de esta manera se contagió su hermana y el árbol de contactos aún se sigue evaluando.

Esta falta de testeo masivo a personal que está más expuesto, como es el caso de los efectivos de seguridad, tiene advertencias desde hace meses en las y los trabajadores de la salud, que tampoco tienen el derecho al testeo masivo pese a estar en la “primera línea”. Recordemos el caso de la enfermera de Fraile Pintado, que atendió al camionero que lamentablemente falleció la semana pasada, ella lo hizo sin los recaudos mínimos de seguridad ya que el Estado no los provee. Apenas el gasto por covid según el gobierno desde que se declaró la emergencia sanitaria y epidemiológica fue de 3,4% del presupuesto de salud provincial.

La segunda pregunta se refiere a, ¿qué sucederá con la situación social de aquellos que ya vienen muy perjudicados en caso que se prolongue la fase uno más de una semana? No hay respuestas oficiales, más que recibir la asistencia de Nación del IFE de 10 mil pesos, puesto que en la provincia no se dispuso ningún programa de asistencia específico para miles de familias que ya venían muy mal. Incluso del total de gasto por efectos económicos del coronavirus, el 70% corresponde a ayudas a empresas.

En esta misma sintonía, los diputados oficialistas con aval del PJ, aprobaron como Ley el decreto firmado por Alberto Fernández con Gerardo Morales, que convalida las rebajas del gobierno macrista en ingresos brutos a grandes grupos económicos como los ingenios, mineras y acopiadores de tabaco. En un cálculo conservador se trata de 900 millones de pesos al año, una cifra cercana al gasto en salud y partidas económicas por covid-19, según informó el gobierno.

Por último, una respuesta que emerge ante esta situación, comienza por no naturalizar como hace el gobierno y el presidente del PJ (quien ayer mismo elogiaba el manejo sanitario de Morales), el hecho que desde el 16 de marzo estamos “sin GPS” frente al virus. Esto sucede dado que no se realizan testeos masivos a quienes presentan síntomas o están más expuestos, menos aún equiparon los hospitales y centros de salud a la altura de lo que requiere la pandemia.

Estas medidas exigen afectar los intereses de los dueños de la provincia y el país, solo así podremos contar con recursos para paliar la situación de emergencia sanitaria y social desatada por la pandemia. La organización política de la clase trabajadora, entre ocupados y desocupados, se torna vital al momento de conquistar una salida a la crisis de otra clase.







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